El financiamiento climático privado debe tener un papel protagónico en las iniciativas de las economías de mercados emergentes y en desarrollo para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contener el cambio climático mientras hacen frente a sus efectos.
Si bien las estimaciones varían, estas economías deben invertir colectivamente por lo menos USD 1 billón en infraestructura energética de aquí a 2030 y USD 3-6 billones entre todos los sectores cada año hasta 2050 para mitigar el cambio climático a través de una reducción sustancial de las emisiones de GEI. Además, se requieren entre USD 140.000 millones y USD 300.000 millones cada año hasta 2030 para la adaptación a las consecuencias físicas del cambio climático, como la subida del nivel del mar y la agudización de las sequías. Estas cifras podrían aumentar drásticamente hasta alcanzar entre USD 520.000 millones y USD 1.750 billones cada año a partir de 2050 en función de la eficacia de las medidas de mitigación adoptadas.
Es indispensable impulsar el financiamiento climático privado de forma rápida, como se detalla en un capítulo analítico de la última edición del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR). Entre las soluciones principales destacan valorar adecuadamente los riesgos climáticos, aplicar instrumentos de financiamiento innovadores, ampliar la base de inversionistas, aumentar la participación de los bancos multilaterales de desarrollo y las instituciones de financiamiento del desarrollo, y reforzar la información climática.
Una nota positiva es el incremento del financiamiento sostenible privado en las economías de mercados emergentes y en desarrollo hasta un nivel récord el año pasado: USD 250.000 millones. Aun así, el financiamiento privado necesita por lo menos duplicar este monto hasta 2030, en un período en que los proyectos de infraestructura hipocarbónicos con potencial de rentabilidad suelen escasear, y ante el aumento fulgurante del financiamiento de la industria de los combustibles fósiles desde la firma del Acuerdo de París.
La inexistencia de una tarificación efectiva del carbono reduce los incentivos y la capacidad de los inversionistas de canalizar más fondos hacia proyectos beneficiosos para el medio ambiente, como también lo hace la fragmentada arquitectura de información climática con datos climáticos, normas de divulgación, taxonomías y otros métodos de armonización no plenamente desarrollados.
Tampoco está claro si los flujos de inversiones acordes con las normas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), muy importantes y en rápido crecimiento, podrían influir por sí mismos en el aumento del financiamiento climático privado.
Además de los beneficios climáticos todavía inciertos de las inversiones ASG, las calificaciones que obtienen las empresas de economías de mercados emergentes y en desarrollo en este ámbito son sistemáticamente inferiores a las que consiguen sus contrapartes en economías avanzadas. Por consiguiente, las asignaciones a activos de mercados emergentes de los fondos de inversión con orientación ASG son muy inferiores. Es más, los inversionistas suelen considerar que los riesgos asociados a la inversión en activos de economías de mercados emergentes y en desarrollo son demasiado altos.
Los instrumentos de financiamiento innovadores pueden ayudar a superar algunas de estas dificultades, en combinación con una ampliación de la base de inversionistas de forma que incluya bancos internacionales, fondos de inversión, inversionistas institucionales como compañías de seguros, inversionistas de impacto, capitales filantrópicos, etc.
En mercados emergentes más grandes con mercados de bonos más funcionales, los fondos de inversión —como el fondo de bonos verdes Amundi, respaldado por el brazo de financiación del sector privado del Banco Mundial— son un buen ejemplo de cómo atraer a inversionistas institucionales, como los fondos de pensiones. Esta clase de fondos se deberían replicar y ampliar para incentivar que los emisores de mercados emergentes generen una mayor oferta de activos verdes para financiar proyectos hipocarbónicos y atraer a una gran variedad de inversionistas internacionales.
En las economías menos desarrolladas, el papel de los bancos multilaterales de desarrollo será crucial para financiar proyectos de infraestructura hipocarbónicos esenciales. Es necesario canalizar más recursos de financiamiento climático a través de esta clase de instituciones.
Un primer paso importante sería ampliar su base de capital y replantear formas de enfocar el apetito por el riesgo mediante alianzas con el sector privado, con el respaldo de una gobernanza transparente y una supervisión de la gestión.
Así, los bancos multilaterales de desarrollo podrían sacar mejor partido del financiamiento con capital, que actualmente apenas llega al 1,8% de los recursos comprometidos para financiamiento climático en economías de mercados emergentes y en desarrollo. Además, su capital puede atraer cantidades muy superiores de financiamiento privado, que actualmente representa 1,2 veces los recursos que las propias instituciones asignan.
Un instrumento muy necesario para ayudar a incentivar la inversión privada es la creación de taxonomías de la transición y otros métodos de armonización, para identificar aquellos activos financieros con potencial para reducir las emisiones con el tiempo e incentivar la transición de las empresas hacia las metas de reducción de emisiones.
Cabe señalar que estos instrumentos están focalizados en la innovación en industrias como el cemento, el acero, los productos químicos y el transporte pesado, que no tienen forma fácil de recortar las emisiones, dadas las limitaciones tecnológicas y de presupuesto. De esta forma, se contribuye a que estos sectores con altas emisiones de carbono —los que tienen un mayor potencial de reducción de emisiones de GEI— no sean marginados por los inversionistas, sino que reciban incentivos para reducir su impacto carbónico con el paso del tiempo.
El FMI desempeña un papel cada vez más importante, entre otros a través de su nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad, que tiene por objeto proporcionar financiamiento asequible y de largo plazo para ayudar a los países a desarrollar resiliencia frente al cambio climático y otros problemas estructurales de larga duración. Disponemos de USD 40.000 millones en recursos comprometidos y hemos llegado a acuerdos a nivel de personal técnico sobre los dos primeros programas, con Barbados y Costa Rica. Este fondo fiduciario permitiría catalizar inversiones oficiales y del sector privado para el financiamiento climático.
Asimismo, el FMI promueve la disponibilidad de datos climáticos de calidad y fomenta la adopción de normas de divulgación y taxonomías de la transición, a fin de generar un clima de inversión propicio.
En términos generales, ayudamos a fortalecer la arquitectura de información climática a través de la Red para la Ecologización del Sistema Financiero y otras entidades internacionales, para respaldar a las economías de mercados emergentes y en desarrollo en el diseño y la implementación de políticas climáticas, incluida la tarificación del carbono. Mientras se afianza la transición a un aumento del financiamiento climático privado, el FMI colaborará con sus socios y promoverá soluciones en todos los ámbitos posibles.
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Torsten Ehlers es Experto Principal del Sector Financiero en el Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI en Washington, DC, desde septiembre de 2021. Participa en la elaboración del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR), publicación insignia del FMI, y se ha especializado en financiamiento sostenible, banca internacional y mercados de derivados. Se encuentra en comisión de servicio procedente del Banco de Pagos Internacionales, donde ha trabajado durante 10 años, tanto en su sede central en Basilea como en las oficinas de representación en Hong Kong, ocupando varios puestos. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Zúrich, Suiza, una maestría en Economía de la Universidad de Warwick, Reino Unido, y una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Dortmund, Alemania.
Charlotte Gardes-Landolfini trabaja como Experta en cambio climático, energía y estabilidad financiera en el Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI. Participa en tareas relacionadas con la formulación de políticas, la investigación y la supervisión, centrándose en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Antes de incorporarse al FMI en 2021, trabajó para el Departamento del Tesoro de Francia, en calidad de Subjefa de Unidad responsable de financiamiento sostenible y riesgo climático, así como en el Departamento de Política Reguladora Internacional de la Autoridad Francesa de Mercados y Valores. Es aspirante al doctorado de Economía en la Universidad París II Pantheón-Assas y tiene una maestría en Macroeconomía Internacional de Sciences Po, París, una maestría en Derecho financiero y empresarial de la Facultad de Derecho de la Sorbonne y una maestría en Derecho y Economía de la Universidad París II Panthéon-Assas.
Fabio M. Natalucci es Subdirector del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital. Está a cargo del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (informe GFSR), que presenta la evaluación del FMI sobre los riesgos para la estabilidad financiera mundial. Antes de incorporarse al FMI, fue Director Principal Adjunto en la División de Asuntos Monetarios de la Junta de la Reserva Federal. Entre octubre de 2016 y junio de 2017 ocupó el cargo de Subsecretario Adjunto de Estabilidad y Regulación Financiera Internacional en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Nueva York.
Ananthakrishnan Prasad es Asesor en el Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del FMI. Tiene un doctorado de la Universidad de Bombay, India; un MBA en Finanzas de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, y una maestría en Comercio de la Universidad de Bombay, India. Es autor de varias publicaciones sobre cuestiones relacionadas con la macroeconomía y el sector financiero, así como del libro "Macroeconomics of the Arab States of The Gulf", publicado conjuntamente por el FMI y Oxford University Press (2013).
